El escenario de la minería en Argentina atraviesa una profunda reconfiguración institucional donde la simplificación del Estado busca destrabar el verdadero potencial de nuestra Cordillera. La reciente publicación en el Boletín Oficial de la Resolución General 5917/2026 por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pone fin a una de las asimetrías logísticas más insólitas que afectaban la exportación y el desarrollo productivo local.
Hasta la entrada en vigencia de esta norma, el marco regulatorio (heredado de la vieja Resolución General 5626) obligaba a una odisea burocrática: si una empresa minera extraía material en yacimientos de provincias distintas pero unificaba la fundición y refinación en una sola planta industrial, la normativa aduanera le exigía reingresar los lingotes procesados a su jurisdicción de origen antes de habilitar su salida al exterior. En la práctica, el Estado imponía fletes obligatorios para «sacar a pasear» el oro, la plata o el cobre refinado, encareciendo los costos operativos de manera artificial.
A partir de esta reforma, el mineral refinado que pase por un proceso de fundición fuera de la provincia del yacimiento base podrá oficializar su salida y despacharse desde cualquier aduana habilitada del país. Si bien el exportador mantendrá exigencias estrictas de trazabilidad —como la acreditación de origen y la toma física de muestras bajo la clásica RG 3294—, la libre elección de la terminal aduanera disminuye drásticamente el costo por tonelada exportada.
Esta medida no es un hecho aislado. Se complementa directamente con otras reformas del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, como la implementación de la Resolución General 5909/2026, que digitalizó por completo la declaración jurada de destino minero a través del sistema VUCEA, eliminando los expedientes en papel y las demoras en Aduana. Asimismo, la reciente modernización reglamentaria de la Ley de Inversiones Mineras (Ley 24.196) mediante el Decreto 482/2026 demuestra una tendencia clara: limpiar el camino de ruidos administrativos para que la inversión privada fluya.
Nuestra reflexión
Para quienes hacemos el día a día analizando la cadena de valor minera desde San Juan, sabemos perfectamente que la competitividad no se juega únicamente en los precios internacionales de los metales, sino en los costos ocultos de la ineficiencia local. Un camión obligado a transitar kilómetros de más por un capricho de jurisdicción es un camión menos prestando servicios eficientes a los proveedores locales. En la inminente «era del cobre» que afronta el país, cada centavo de costo logístico que se reduce es un argumento extra a favor para convencer a los directorios internacionales de hundir capitales a largo plazo en nuestros proyectos. Flexibilizar la aduana no es relajar el control; es, finalmente, aplicar sentido común al engranaje productivo.
