Un verdadero quiebre institucional sacude a la Corporación Nacional del Cobre (Codelco). Su directorio resolvió desvincular con efecto inmediato a ocho ejecutivos y profesionales de alta jerarquía. La drástica determinación se tomó tras conocerse los avances de auditorías internas combinadas con peritajes forenses externos encargados a las firmas consultoras KPMG y EY. Estos informes destaparon graves irregularidades en el registro, contabilidad y reporte de las cifras de producción correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025.
Las desvinculaciones afectaron a áreas estratégicas e incluyeron al gerente general de la División Salvador (reemplazado por Felipe Lagno Sánchez), al gerente corporativo de Recursos Mineros y Desarrollo, y a gerentes y supervisores de Chuquicamata y Ministro Hales.
El «maquillaje» de cifras y la arista judicial
La investigación penal, liderada por el fiscal regional Aquiles Cubillos, detectó que los cierres de producción fueron inflados artificialmente, permitiendo el pago de bonos de productividad indebidos por más de US$ 14 millones. Además, se descubrió un esquema de doble contabilización que duplicaba el rendimiento ante los mercados. Las autoridades reafirmaron una política de «tolerancia cero» y derivaron los antecedentes al Ministerio Público.
Nuestra reflexión
La crisis evidencia una falla estructural de gobernanza institucional. Las cifras maquilladas destruyen valor rápidamente y demuestran que los sistemas de control interno deben garantizar una transparencia innegociable. Auditar y limpiar la corporación era el camino ineludible. Ya era hora de actuar con la verdad sobre la mesa.
