El escenario de la minería en Argentina sumó un nuevo e inesperado capítulo legislativo. Con una abrumadora mayoría de 60 votos a favor en la Cámara alta, el Senado dio media sanción al Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR). Este proyecto, impulsado originalmente por el senador radical Eduardo Vischi y respaldado por La Libertad Avanza, busca cubrir un bache crítico: incentivar proyectos de desarrollo productivo e industrial que van desde los USD 12 millones y que quedaban completamente afuera de los gigantescos requisitos del RIGI.
Para el sector minero, especialmente de cara a la construcción de las grandes minas de cobre y oro que se proyectan en la cordillera sanjuanina, el RIIR aparece como una promesa de alivio fiscal. El régimen contempla la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias, la devolución anticipada de créditos fiscales de IVA y una estabilidad tributaria por 30 años. Justo en sintonía con este avance, el masivo encuentro de proveedores mineros RIGI realizado en Rosario dejó en claro la urgencia: la industria nacional necesita con desesperación inyectar inversión en maquinaria, tecnología de punta y certificaciones internacionales para poder competir frente a los gigantes extranjeros por contratos millonarios.
Las diferencias entre RIGI y RIIR
Nuestra reflexión
A primera vista, el RIIR suena a música para los oídos del compre nacional, pero en el streaming nos gusta leer la letra chica y debatir con la verdad. Pongamos los números sobre la mesa: un piso de USD 12 millones de inversión mínima supera ampliamente la realidad de la gran mayoría de las pequeñas PyMEs proveedoras de San Juan y el NOA. Los beneficiarios directos van a ser los talleres metalúrgicos de gran escala, fabricantes electromecánicos o grandes proveedoras de sistemas de bombeo, principalmente ubicadas en los centros industriales del país, como los que se reunieron en Rosario.
Acá es donde las cámaras empresarias y el gobierno provincial tienen que encender las alarmas: la obligación del 20% de contratación de proveedores nacionales no significa «preferencia automática» por las PyMEs de la provincia donde está el yacimiento. El verdadero reto del RIIR, si finalmente Diputados lo convierte en ley, será lograr que ese incentivo derrame hacia la base de la pirámide: los proveedores más chicos. Necesitamos que las empresas medianas que reciban estos beneficios fiscales se encadenen de forma obligatoria y transparente con los talleres locales. El RIGI ya abrió la puerta a los megaproyectos; ahora el RIIR tiene que demostrar si sirve para que los proveedores sanjuaninos jueguen en primera o si los grandes contratos se van a terminar quedando en el puerto de Rosario y Buenos Aires. El debate queda abierto.
