La previsibilidad institucional es el recurso más escaso y codiciado por los mercados globales. Las últimas semanas en la escena judicial de la República Argentina han vuelto a exponer el «costo argentino» de la inestabilidad, principalmente después de la publicación de la columna del periodista Claudio Savoia. Los drásticos giros de la Corte Suprema de Justicia en torno a las restricciones del DNU 70/23 para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros no solo descolocaron al arco político, sino que abrieron un peligroso frente de incertidumbre estructural para cualquier inversión de largo plazo.

Lo que inicialmente parecía un mensaje técnico unánime de los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz al anular la medida cautelar que impedía la venta libre de tierras, mutó drásticamente en cuestión de días. Tras la presión política y social, el tribunal dio un volantazo interino frenando nuevamente los alcances del decreto presidencial. El fuerte cruce interno plasmado en la disidencia del juez Rosenkrantz —quien advirtió que estos cambios repentinos debilitan gravemente la confiabilidad y la ética del Poder Judicial— transparenta el temblor que hoy sacude la seguridad jurídica del país.

El verdadero peligro: la Ley de Glaciares en el centro de la escena

Para el sector de la minería, este antecedente no es un debate menor sobre soberanía territorial o meros tecnicismos inmobiliarios. El verdadero foco de preocupación para los desarrolladores mineros radica en la inminente judicialización de las reformas sobre la Ley de Glaciares, una normativa clave que delimita las áreas factibles para la prospección y explotación en alta cordillera.

Diversas agrupaciones políticas y organizaciones ambientalistas ya han presentado amparos judiciales contra las modificaciones regulatorias que el Gobierno Nacional impulsó para flexibilizar y ofrecer mayores certezas al capital internacional. Esos expedientes duermen hoy en los mismos despachos del cuarto piso de la calle Talcahuano. Si la Corte mantiene este criterio oscilante y «borra con el codo lo que escribe con la mano», los proyectos que pretenden traccionar el desarrollo regional correrán la misma suerte de parálisis.

Nuestra reflexión

La lectura de este panorama nos obliga a encender luces amarillas. Vivimos un momento histórico sin precedentes: la industria proyecta récords de inversión minera gracias a incentivos normativos modernos y provincias cordilleranas que exponen su potencial en las principales plazas financieras del mundo. El cobre y el oro ya no son simples recursos; son activos estratégicos de la geopolítica y el futuro tecnológico global.

Sin embargo, el capital internacional no es cautivo de las intenciones de un gobierno de turno. Cuando un directorio analiza hundir miles de millones de dólares a 30 años en plena cordillera, la consistencia de los fallos de un tribunal supremo pesa tanto o más que el porcentaje de regalías. Ningún gran proyecto de cobre o litio se consolida si las reglas del juego cambian cada viernes según el humor del debate público o las presiones de turno. Si las expectativas de desarrollo socioeconómico regional no van acompañadas de un andamiaje legal de titanio, los recursos seguirán enterrados y el tren de la transición energética volverá a pasar de largo.