La minería en San Juan se encuentra en un momento histórico de transformación, con la mirada del mundo puesta en los grandes proyectos de cobre y oro que prometen impulsar el desarrollo económico regional. Sin embargo, la alta demanda de empleo y la necesidad genuina de inserción laboral también se convirtieron en el escenario para maniobras fraudulentas. La UFI de Estafas investiga actualmente una presunta defraudación millonaria que afecta directamente las expectativas de un centenar de sanjuaninos.

La maniobra: lucrar con la ilusión del trabajo

El foco de la investigación judicial apunta a Patricio Páez, presidente de la Asociación de Servicios Mineros Cordillera de los Andes, y a su hijo Santiago. Según los datos recabados a partir de un informe periodístico de Celeste Williner en Todos Vivos, los acusados utilizaban el sello y el prestigio de esta ONG sin fines de lucro para ofrecer capacitaciones en manejo de camiones volcadores y autoelevadores.

A espaldas de la comisión directiva de la propia entidad, exigían transferencias a cuentas bancarias personales con montos que oscilaban entre los $100.000 y $200.000 por cursos que por convenio debían dictarse de forma gratuita. Para sostener el engaño, utilizaban instalaciones de entidades públicas y privadas cedidas con fines solidarios, como el CIPCAMI, ASER y el Coloso de Rawson, espacios que ya les bloquearon los accesos tras destaparse el escándalo.

El golpe al Capital Humano: nuestra reflexión

La denuncia formal, impulsada por miembros de la misma agrupación y representados por el abogado querellante Guido Sánchez, estima el fraude en un piso superior a los 12 millones de pesos. No obstante, el daño más profundo es el que sufre el ecosistema minero local.

Para que la inversión minera se traduzca en progreso real, San Juan necesita una masa crítica de trabajadores altamente calificados. La capacitación minera legítima y transparente no es un negocio de ocasión; es la columna vertebral de la empleabilidad y la seguridad en alta montaña. Estafas de esta índole no solo golpean el bolsillo de quienes buscan un futuro digno, sino que ensucian el esfuerzo de los proveedores y las instituciones que trabajan a diario para certificar mano de obra con estándares internacionales.

Mientras la Justicia analiza los movimientos bancarios, desde Ya Era Hora reforzamos el llamado de los integrantes de la asociación: chequear siempre los avales oficiales de los cursos, no realizar transferencias a cuentas particulares de directivos y denunciar cualquier pedido de dinero sospechoso. La industria del futuro se construye con reglas claras, transparencia y una formación profesional a la altura del desafío.