El Distrito Vicuña vuelve a quedar en el ojo de la tormenta política. Tras conocerse los brutales resultados de perforación de NGEx Minerals en el proyecto Lunahuasi (ubicado en Iglesia, San Juan), la vecina provincia de La Rioja saltó a marcar la cancha.

El ministro de Producción riojano, Ernesto Pérez, aseguró en sus redes sociales que el yacimiento de oro, plata y cobre «tiene incidencia» en su provincia y que parte de los recursos les pertenecen.

¿El argumento riojano? Que el millonario proyecto pisa los «supuestos» límites interprovinciales y que los impactos ambientales también deberían ser evaluados por ellos.

Esta novela ya tiene capítulos previos: hace no mucho, los cruces por el megaproyecto Vicuña y el bloqueo temporal al tránsito de maquinarias en el camino de Guandacol encendieron las alarmas de los inversores. Desde la vereda de San Juan, el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, no tardó en salir al cruce, advirtiendo que este tipo de peleas territoriales solo logran dañar la imagen del país frente a los mercados internacionales.

¿Minería estratégica o interna política? Mientras las perforadoras siguen encontrando leyes excepcionales bajo el suelo iglesiano, la superficie se vuelve a calentar.