La tensión laboral en la gran minería de la región ha alcanzado un punto de no retorno. Los trabajadores de la mina de cobre Centinela, operada por Antofagasta Plc en Chile, han radicalizado sus medidas de fuerza al iniciar una huelga de hambre indefinida. La drástica acción, protagonizada por tres miembros del sindicato, busca quebrar el hermetismo de la compañía y forzar una mesa de negociación genuina frente a las oficinas corporativas en Santiago.

Este método de protesta resulta sumamente inusual en los conflictos del sector minero transandino; no se registraban antecedentes similares desde las movilizaciones en las operaciones de Codelco en 2020 y la histórica resistencia de 27 días en el yacimiento Escondida en 2015. Sin embargo, la coyuntura económica actual ha encendido los reclamos: las interrupciones de suministro global y el auge de la transición energética catapultaron el precio del cobre a un récord de casi USD 15.000 por tonelada el mes pasado. Ante estas ganancias extraordinarias, los operarios exigen una participación más justa en el desarrollo y la riqueza que ellos mismos extraen del suelo.

La trampa de los bonos y la lucha por la igualdad

A diferencia de las tradicionales paritarias del sector —donde suelen priorizarse millonarias primas únicas por firma de contrato— el foco de este conflicto radica en la erradicación de las brechas salariales. Los gremios denuncian que existen trabajadores que desempeñan idénticas funciones pero perciben remuneraciones y beneficios drásticamente inferiores según el convenio colectivo al que pertenezcan.

Por su parte, Antofagasta Plc —controlada por la multimillonaria familia Luksic— rechazó las acusaciones de trato discriminatorio, escudándose en que las diferencias responden a instrumentos colectivos negociados en ventanas de tiempo diferentes. Aunque la empresa intentó desactivar el paro ofreciendo un reajuste del 2% sobre el salario base y un bono en efectivo de casi USD 23.000 por empleado, el 98,73% de las bases rechazó la propuesta en las urnas.

La crisis sumó un nuevo capítulo judicial y fiscalizador cuando los sindicatos denunciaron la contratación de personal de reemplazo para cubrir puestos críticos en áreas de mantenimiento y laboratorios. La Inspección del Trabajo chilena intervino de oficio la faena, obligando a detener la marcha de cinco palas mineras tras comprobar irregularidades operativas. Mientras la firma asegura que sus metas anuales siguen firmes, los dirigentes gremiales advierten que el impacto en la cadena de suministro se sentirá con fuerza en noviembre, proyectando un desplome del 50% en la producción si el conflicto se prolonga.

(Con información de James Attwood)