El crecimiento exponencial de la minería en San Juan, traccionado por la reactivación de proyectos estructurales de cobre y oro, está transformando la economía provincial a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, esta inyección de capitales y la llegada masiva de empresas y trabajadores calificados comenzaron a generar fuertes tensiones en un sector sensible para el ciudadano común: el mercado inmobiliario.

Desde la Asociación de Inquilinos Sanjuaninos encendieron las alarmas al advertir que la fuerte demanda habitacional por parte de las corporaciones mineras está provocando una disparada en los precios de los alquileres y, en paralelo, un fuerte acortamiento en los plazos de los contratos.

Menos protección y contratos de «seis meses»

Víctor Bazán, presidente de la entidad, fue categórico durante el último encuentro nacional de inquilinos. Explicó que la desregulación habitacional derivada del Decreto 70/23 dejó a los locatarios en una situación de extrema vulnerabilidad. Según los registros de la organización, la especulación ante la llegada de la inversión minera llevó a que se celebren contratos de menos de un año de duración para poder actualizar valores de manera agresiva.

«Hoy se alquila en 500.000 pesos y, en seis meses, el valor podría subir a un millón de pesos», graficó Bazán, señalando que los propietarios prefieren los plazos cortos para captar los presupuestos corporativos de las empresas subcontratistas. Además, la proliferación de estos contratos de seis meses reabrió una vieja disputa en la provincia: la obligación de pagar reiteradamente comisiones inmobiliarias, un costo que la asociación busca que sea absorbido exclusivamente por los propietarios mediante un proyecto local.

La amenaza del Desalojo Exprés

El panorama normativo suma otra preocupación para los inquilinos locales. El proyecto de ley de «desalojo exprés», que ya cuenta con media sanción en el Senado de la Nación y espera tratamiento en Diputados, es visto por el sector civil como una herramienta que facilitará el vaciamiento de viviendas familiares. De aprobarse, advierten que será mucho más simple remover a los inquilinos tradicionales para volcar esas propiedades al mercado corporativo minero, donde los márgenes de rentabilidad son notablemente superiores.

Nuestra reflexión

Todos celebramos que San Juan sea el epicentro de la inversión minera del país, que los proyectos avancen y que el cobre sea el futuro de la transición energética. El desarrollo es real, es necesario y lo bancamos. Pero el avance no puede implicar que un laburante sanjuanino, un docente o un comercio de barrio se queden sin poder pagar el techo que alquila para trabajar o vivir porque los precios se fijan a «valor minero».

(Con información de Diario El Zonda)