La discusión por los límites interprovinciales en el sector cordillerano sumó un capítulo de altísima tensión política y económica. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, oficializó a través de su cuenta de «X» la promulgación de la Ley N° 10.876. Esta normativa declara de manera unilateral la nulidad de la delimitación territorial vigente con San Juan.

El propio mandatario riojano ratificó su postura en redes sociales de manera contundente:

«Hoy promulgué la Ley N° 10.876, sancionada por nuestra Cámara de Diputados, para ratificar nuestro rechazo a los límites impuestos por la dictadura militar. La soberanía territorial de La Rioja exige una defensa irrestricta y con esta norma iniciaremos acciones para traer equidad…»

La legislación faculta expresamente al Poder Ejecutivo riojano a iniciar demandas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y gestiones en el Congreso. El objetivo es revisar la validez de la Ley Nacional 18.004 de 1968 (dictada durante la presidencia de facto de Juan Carlos Onganía). Dicha norma trazó las fronteras actuales y, según La Rioja, perjudicó históricamente a su provincia. La nueva ley prevé además la creación de herramientas administrativas para recopilar antecedentes históricos, jurídicos y cartográficos que fundamenten el reclamo.

El factor económico: Josemaría e Ischigualasto en el ojo de la tormenta

El conflicto no es puramente institucional; tiene un trasfondo multimillonario. La zona que La Rioja pretende reclamar involucra áreas estratégicas de alta montaña con un gigantesco potencial para el desarrollo productivo. Específicamente, abarca proyectos de la industria de la minería de clase mundial, como el megaproyecto de cobre Josemaría, ubicado en el Distrito Vicuña. La redefinición de soberanía territorial implicaría el control directo sobre los recursos naturales y la percepción de futuras regalías por minerales críticos como el cobre y el oro.

El rechazo rotundo de San Juan: ¿Cortina de humo?

En San Juan, la reacción de los distintos sectores políticos y productivos fue de rechazo absoluto. Diversos analistas e instituciones interpretan esta jugada del gobierno riojano como un intento de apropiación indebida de territorio. Advierten que no solo buscan quedarse con las regalías de la minería de cobre, sino también con bienes turísticos y culturales de renombre internacional, como el Valle de la Luna en el Parque Provincial Ischigualasto.

Sin embargo, el cuestionamiento sanjuanino va más allá. Dirigentes locales acusan a Quintela de impulsar una «cortina de humo» para desviar la atención pública de la gravísima crisis económica que atraviesa La Rioja. Aseguran que esta doctrina emula las tácticas de la última Junta Militar (como ocurrió con la recuperación por la fuerza de las Islas Malvinas) para tapar deudas financieras internas que, por ejemplo, dificultan el pago de aguinaldos a los empleados públicos de la administración riojana.

Frente a esto, la Cámara de Diputados de San Juan ya aprobó por amplia mayoría una declaración de rechazo institucional al avance riojano. Los legisladores sanjuaninos blindaron la jurisdicción de la provincia ratificando la plena vigencia de la Ley Nacional 18.004. Recordaron que esos límites rigen desde hace más de medio siglo y que el propio Congreso de la Nación confirmó explícitamente su validez en el año 2014 al incorporarla al Digesto Jurídico Argentino. La provincia defenderá sus recursos, su territorio y sus inversiones mineras con la ley en la mano.

Con información de Tiempo de San Juan y Minería y Desarrollo.