A diferencia del modelo del oro, enfocado casi exclusivamente en obra pública, este proyecto busca dar un salto estratégico hacia la economía del conocimiento, la gestión del agua y el financiamiento directo a la comunidad.
Cambiar las reglas de juego: Fideicomisos de Segunda Generación
La base de la propuesta es aprovechar la alta demanda global que tendrá el cobre, un mineral estratégico para la transición energética mundial. Jiménez plantea negociar con las operadoras mineras para que utilicen el Banco San Juan como plataforma de pago a proveedores y empleados. De esta forma, el dinero circula más tiempo dentro del sistema bancario local antes de salir de la provincia, generando liquidez para financiar otros sectores de la economía sanjuanina.
El fondo se nutriría de dos vías clave:
- El flujo diario del circulante y salarios de las empresas mineras.
- El 1,5% de la facturación de los proyectos que actualmente alimenta los fideicomisos de infraestructura tradicionales.
Créditos blandos para PYMES y un Hub Tecnológico
El destino de estos fondos busca transformar la matriz industrial local a través de dos herramientas financieras principales:
- Factoring minero con tasas preferenciales: Las PYMES y proveedoras locales podrán descontar facturas del sector minero para acceder a créditos blandos rápidos y comprar maquinaria de punta, fortaleciendo la cadena de valor regional con capacidad de exportación.
- Diversificación económica urgente: Financiar sectores críticos no mineros, principalmente la gestión hídrica (clave ante la crisis actual) y la economía del conocimiento. La meta es crear un hub tecnológico que desarrolle patentes y servicios exportables para cuando el recurso mineral se agote.
El ahorro: ciudadanos socios de la minería
Quizás el punto más innovador de la propuesta académica sea la securitización de los beneficios del cobre mediante bonos ciudadanos. La idea es permitir que médicos, docentes, comerciantes y pequeños ahorristas locales puedan invertir sus ahorros en instrumentos financieros respaldados en el valor del cobre en lugar de recurrir al dólar. Según Jiménez, esto democratiza los ingresos de los recursos no renovables y funciona como un verdadero «escudo social», transformando a la población en socia indirecta de los proyectos y blindando de manera definitiva la licencia social.
Para que el modelo tenga la escala y solvencia necesarias, el especialista propone sellar una alianza estratégica entre los mercados de capitales de San Juan y Mendoza, transformando la minería en una política de estado firmemente regional.