El proyecto de ley obtuvo luz verde tras más de dos horas de debate intenso en el recinto. El oficialismo consolidó una mayoría robusta al sumar el acompañamiento del bloque justicialista. De este modo, la norma se sancionó con 32 votos a favor y solo 2 en contra, correspondientes a los diputados opositores alineados al giojismo.
El cupo del 60% para compras y la creación del Repromin
La nueva legislación minera establece parámetros obligatorios muy claros en materia de contratación de servicios. Las compañías mineras deberán trabajar para que el 60% del monto anual destinado a contrataciones corresponda a proveedores locales, siempre que existan condiciones de competitividad de mercado.
Para garantizar el cumplimiento de estas metas, las operadoras mineras y sus contratistas principales tendrán la obligación de presentar Planes de Desarrollo con objetivos progresivos y verificables. Estos documentos metodológicos enfocados en empleo y cadena de valor deberán actualizarse cada dos años ante la autoridad competente.
Uno de los pilares estructurales de la norma es la creación del Registro de Proveedores Mineros de San Juan (Repromin). Esta plataforma pública y digital permitirá identificar con precisión a las empresas sanjuaninas habilitadas para participar en las compas del sector. Para integrar el Repromin, las firmas interesadas deberán:
- Contar con domicilio operativo real en la provincia.
- Tributar impuestos en San Juan.
- Acreditar que al menos el 80% de su personal reside de forma efectiva en territorio sanjuanino.
Previsibilidad para PyMEs, incentivos fiscales y sanciones de la Ley
Con el fin de otorgar mayor previsibilidad a las pequeñas y medianas empresas de la región, la ley obliga a las grandes operadoras mineras a publicar de forma anticipada sus planes de compras anuales, su demanda proyectada de bienes y las futuras licitaciones. Esto permitirá que la cadena de proveedores locales pueda prepararse a tiempo para competir en igualdad de condiciones en proyectos de gran envergadura de cobre y oro.
Como incentivo estratégico para la inversión, las empresas mineras que cumplan simultáneamente con las metas de empleo local y contratación de proveedores sanjuaninos accederán a un Certificado de Crédito Fiscal transferible, que servirá para cancelar impuestos provinciales o endosarse a favor de otras pymes locales.
Por último, la normativa fija mecanismos estrictos de transparencia. Crea un Consejo Consultivo público-privado para acompañar la implementación y delega toda la fiscalización operativa en el Ministerio de Minería de San Juan. El régimen sancionatorio para quienes incumplan las obligaciones de la ley incluye multas severas de hasta 60.000 Unidades Tributarias e incluso la suspensión inmediata del registro de proveedores.
Con este marco legal, el Gobierno provincial busca garantizar un desarrollo equilibrado donde la riqueza de los recursos naturales impacte de forma directa y genuina en la economía de San Juan.
